La crisis colombiana

Nota de Prensa Obrera número 1038 - Periódico del Partido Obrero de la Argentina 

Por:  Alejandro Guerrero

Sorpresivamente, el 13 de mayo, el presidente Alvaro Uribe anunció la extradición a los Estados Unidos de 14 de los más notorios paramilitares, ‘señores de la guerra' y narcotraficantes" (The Economist, 15/5). ¿Es en verdad sorpresiva esa decisión de la camarilla terrorista, paramilitar y narcotraficante que gobierna Colombia?
"Hijueputas, nos traicionaron", gritó, al enterarse de la medida gubernamental, el sicario Rodrigo Tovar Pupo, (a) "Jorge", de 40 años (Clarín, 14/5), ahora extraditado y miembro de la banda paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con múltiples vínculos con las fuerzas armadas y de seguridad y una servidora puntual del gobierno durante muchos años.
La traición nunca sorprende en esa gentuza, pero necesita ser explicada.
En principio, una medida así no pudo tomarse sin un acuerdo previo con Washington y ese acuerdo no sólo no se ha ocultado, por el contrario, se hizo público ruidosamente: "El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo que la extradición de los jefes ‘paras' es una indicación de la fuerte relación entre Estados Unidos y Colombia" (ídem anterior). Por supuesto, "en Colombia, la noticia se recibió con sorpresa y desconfianza... sectores de la oposición aseguran que detrás del hecho existe un pacto secreto entre los paramilitares y Washington, con la anuencia del gobierno de Uribe" (ídem anterior). Obviamente, las traiciones entre mafiosos nunca son gratuitas y corresponde esperar un recrudecimiento de la violencia, ya insoportable en ese país, ahora entre las bandas de derecha.
De todos modos, Washington, Bogotá y los "paras" han intentado acotar la sangre que viene y aseguraron ciertas garantías a los extraditados: "...las víctimas (familiares de los asesinados por las AUC) creen que en Estados Unidos el juicio se limitará a pedirle cuentas por el delito de narcotráfico (se refieren al ganadero y terrorista Carlos Mario Jiménez) y dejará a un lado los crímenes de lesa humanidad" (El País, 8/5). Aun así, nadie puede suponer que Jiménez y sus compinches estén contentos por eso.
Además, todos subrayan que entre los extraditados está Salvatore Mancuso, quien, desde la prisión, había amenazado con denunciar, con pelos y señales, los vínculos de Uribe con paramilitares y narcotraficantes.
Pero ¿a qué puede obedecer un acuerdo tan peligroso para ellos?

La encrucijada
El Congreso colombiano tiene su apodo popular: "el garaje", base política de todo el armado oficialista. Ese parlamento es indispensable para aprobar una nueva reforma constitucional que permita a Uribe ir en busca de un tercer mandato (el presidente niega ese propósito pero, al mismo tiempo, su gente empieza a recolectar firmas).
Ahora, ese andamiaje se ha caído estrepitosamente por las detenciones en cadena de legisladores, que involucran a la quinta parte de la Cámara, incluido el primo presidencial Mario Uribe.
Por tanto, "el garaje" está destruido. Perdida toda legitimidad e incluso su legalidad, el parlamento colombiano se encuentra en una situación de completa parálisis. Mientras tanto, los demócratas norteamericanos han archivado el pedido de Bush para firmar con Bogotá un Tratado de Libre Comercio (TLC): "El Capitolio piensa que si hay dificultades con Colombia, en el futuro habrá más dificultades aún" (The Economist, 24/4).
La enorme mayoría de los legisladores involucrados con el crimen pertenecen a la coalición gobernante, pero no todos. Medios norteamericanos proponen revocar "a los partidos que tienen a todos sus congresistas titulares en prisión o investigados" (Washington Post, 14/4). En ese caso, de los partidos con representación parlamentaria, sólo quedaría incólume el Polo Democrático.
En general, Uribe se ve jaqueado por la Corte Suprema antes que por los partidos opositores, incluido el Polo Democrático. Ahora, la camarilla presidencial intenta desarticular esa oposición, mediante el desplazamiento de la Corte y la creación de un tribunal especial para juzgar al presidente y a los congresistas. Esto es: narcotraficantes y paramilitares serían juzgados... por sí mismos.

Los problemas del patrón
Los tire y afloje entre republicanos y demócratas parecen indicar que no existe un acuerdo estratégico en los Estados Unidos respecto de Colombia y, por extensión, hacia América Latina. Sin embargo, todos ellos tienen en carpeta (Bush en lo inmediato, los demócratas en última instancia) la intervención militar, como lo prueba la reactivación de la IV Flota. El gobierno de Uribe fue el único de Sudamérica que festejó la recreación de esa gran unidad de batalla.
Ahora bien, los dos grandes partidos norteamericanos parecen no coincidir en otro punto: el tercer mandato que busca Uribe. Andrés Oppenheimer, analista político republicano de fuerte influencia en Washington, ha dicho con todas las letras, en un reciente artículo que publicó La Nación (13/5), que era inconveniente. La nueva deserción de una dirigente de las Farc es un fuerte motivo para que los Mc Cain, por lo menos, apoyen una re-reelección. O sea que ésta depende de las elecciones en Estados Unidos.
Empero, lo que sí parece inviable, por lo menos en lo inmediato, es un gobierno del centroizquierdista Polo Democrático. Seguramente, tanto Washington (el gobierno actual y el que lo sucederá) como Bogotá buscarán un gobierno de transición hasta que el Polo Democrático demuestre que está en condiciones de recomponer la autoridad política del Estado.
En Colombia se desarrolla una crisis de Estado de final impredecible, con una guerrilla aislada y empantanada, y un proletariado por ahora ausente en cuanto fuerza política organizada.