Chiquitanos condenan agresión a sacerdote y piden a la justicia castigar a responsables

Chiquitanos condenan agresión a sacerdote y piden a la justicia castigar a responsables

    Concepción (Santa Cruz), 20 may (ABI).- La Organización Indígena Chiquitana (OICH), que representa al pueblo chiquitano de las provincias Angel Sandóval, Velasco, Germán Busch, Chiquitos y Ñuflo de Chávez, a través de un pronunciamiento, condena la agresión en contra del sacerdote católico Adalid Vega Veizaga por parte de miembros de la unión juvenil cruceñista, y pide al Ministerio Público actuar de oficio y castigar a los responsables de tan lamentable hecho.

    "Ante la gravedad de la agresión sufrida por el sacerdote Adalid vega Veizaga de la que son responsables miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y donde aparecen implicados los que se dicen caciques, Justo Mercado Ribera y Javier Candia Peña, aclaramos que estas dos personas no pertenecen al pueblo chiquitano y pedimos a la justicia castigar a los responsables", señala el comunicado.

    Agrega que Justo Mercado Ribera no pertenece a la Organización Indígena Chiquitana, tampoco al Cabildo Indígena de San Ignacio ni a ningún otro Cabildo u organización que sea afiliada a la OICH.

    "Es falso que sea cacique del Cabildo Indígena y por consecuencia no tiene legitimidad ni representación alguna del pueblo indígena chiquitano", menciona en relación a Mercado Ribera.

    Asimismo, habiendo tomado nota de las declaraciones de prensa del autonombrado vicepresidente de la "Nación Chiquitana" (Javier Candia Peña), el comunicado aclara que este señor utiliza el término de "nación chiquitana" como parte de su discurso demagógico, por su propia cuenta y riesgo. "Esto no significa que represente de manera ninguna al pueblo chiquitano".

    "Como defensores de los derechos Indígenas reconocidos en Leyes Nacionales y Convenios Internacionales, condenamos la agresión sufrida por el Sacerdote Adalid Vega Veizaga. Calificamos a esta agresión como clara violación a los derechos humanos y las libertades civiles", menciona.

    De la misma forma, recuerda al Gobierno Nacional, Prefcetura cruceña y a la Justicia ordinaria que tiene la obligación de actuar conforme a Ley, de manera que los autores de estos actos sean detenidos, juzgados y condenados por la justicia boliviana.

   "Finalmente, condenamos a la unión Juvenil Cruceñista (UJC), que desde años atrás se caracteriza por su compromiso intolerante, racista y xenófobo. Es obligación del Fiscal General de la República, de hacer cumplir las leyes además de la responsabilidad de iniciar acciones penales de oficio contra quienes actúan de manera racista y xenófoba, considerando a éstos como delitos graves contra las libertades civiles y contra los pueblos indígenas como única manera de desterrar y prevenir este tipo de comportamientos antidemocráticos", manifiesta el comunicado, fechado el 20 de mayo en Concepción, Santa Cruz.