mar para Bolivia

El Gobierno de Evo Morales ha intentado abordar desde todas las ópticas posibles una política de Estado incluyente. Demostró que, especialmente en materia del tema marítimo, las discusiones deben ser serias, congruentes y alejadas de ofertas irreales.

A estas alturas, tanto en Chile como en Bolivia, nadie duda del valor emocional y sobre todo político de la reivindicación marítima. Pero me permito discrepar sobre el indiscutible apoyo ciudadano en las definiciones que este tema debe tener mencionado en la opinión de Fernando Salazar Paredes (La Prensa, 12-10-2007). Ello por dos razones: porque la política exterior de los estados es “política de Estado” y, en ese contexto, la opinión pública es variable. Segundo, porque ningún país del mundo ejecuta su política exterior sólo mirando los intereses ciudadanos.

Resulta un menosprecio a la administración del presidente Morales impugnarle un carácter intuitivo respecto de su postura sobre la reivindicación marítima. En su campaña electoral, Morales expresó su voluntad de conducir de manera diferente las relaciones con Chile. Su gestión no sólo pauteó una agenda de fortalecimiento de confianzas mutuas, sino que desde varios puntos de vista, castrense, diplomático y particularmente el simbólico, privilegió un acercamiento con Chile. Esto no debe —por lo mismo— alimentar soluciones inmediatistas. Vale recordar que, por primera vez en la historia, se discute del tema en forma abierta, y ello exige niveles de maduración que están en curso.

Salazar Paredes tiene razón en que se avanza, pero el proceso es lento y los gobiernos comprenden que deben marchar en ese sentido. Tal vez ésta sea la razón que exaspera a muchos, pero la historia de los dos países debe integrarse mucho más allá de lo estratégico. Justamente la miopía de soluciones rápidas es la que vino atravesándose desde el llamado “enfoque fresco” de las relaciones.

Por otro lado, resulta algo demagógico señalar que el Gobierno de Sánchez de Lozada cayó particularmente porque sus opositores se enteraron del tema gas y las tratativas con Chile. Cabe recordar que su caída se debe a eso y —más estructuralmente— a un profundo descontento por las políticas públicas de su gobierno.

Para muchos analistas, en Chile ya no hay dudas sobre la conveniencia de acercarse a Bolivia, de realzar las ventajas que conllevaría, pero de ahí a la cesión de soberanía existe una enorme distancia. Ello porque la soberanía es tema del pasado; los pasos de la integración la superan y sobre todo porque los esquemas de mantenimiento “absoluto” del concepto de soberanía tienden a contraponerse con visiones de complementariedad económica.

Desde un punto de vista jurídico, la soberanía conlleva aspectos constitucionales, administrativos, municipales, de competencia judicial, acuíferos, de propiedad privada rural, de servidumbres, de conservación de patrimonio, de subsuelo, de desarrollo sostenible; e implica además consideraciones de carácter marítimo. Ello sin mencionar que en los espacios aludidos también existe población. La soberanía es una condición, no una recompensa.