Kaos/ InSurGente.-
Después de que en la última campaña electoral el PP acusase al PSOE
del "efecto llamada" y el PSOE tachase al PP de derechista por no
apoyar a los inmigrantes, los dos partidos han pactado una nueva ley de
extranjería que aleja a los extranjeros de ser iguales en derechos a
los españoles.
Durante el gobierno del PSOE los
inmigrantes han visto como se han endurecido los requisitos para
obtener la residencia, la nacionalidad o simplemente para venir a
visitar a España procedentes de un país que no esté desarrollado.
Además el PSOE ha convertido a los empresarios en el principal motor de
la legalización de la situación de los inmigrantes, por eso la mayoría
sigue "sin papeles" trabajando mas horas por menos dinero que los
españoles.
También se está produciendo una criminalización de
los inmigrantes ya que el gobierno se reserva el derecho de retenerlos
en Centros de Internamiento de Extranjeros, que han sido denunciados
por el mal trato que se les dispensa a los que están privados de
libertad en esos centros, por más de 60 días antes de devolverlos a un
país que puede ser el de origen del inmigrante o no.
El diputado
de Izquierda Unida en el congreso, Gaspar Llamazares se refirió a la
nueva ley de extranjería como, "podría denominarse Ley de restricción o
involución en derechos y libertades de los inmigrantes" y declaró que
su formación política rechazaba esta nueva ley.
Diversos
movimientos sociales de la Red Estatal por los Derechos de los
inmigrantes denuncian que en base a esta ley, "faltas administrativas
que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una
persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e
internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74
días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de
centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido
denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las
condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las
personas privadas de libertad en su interior".
También hacen
referencia a que "las personas que inviten y acojan en su casa a
personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan
continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia
legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros". El
gobierno del PSOE ha creado la "carta de invitación", documento que si
la policía del aeropuerto pide al invitado y éste no la enseña le
devolverán a su país sin derecho a llamar a quienes les esperan en el
aeropuerto. Los requisitos para conseguir esta carta pasan por unas
entrevistas con la policía donde hay que llevar los papeles de la casa,
el padrón municipal, el pasaporte original compulsado en la embajada de
España del país del que viaja y dar pruebas de la relación existente
entre otros muchos requisitos como el pago de más de 100 euros por cada
carta.
Se ha acusado al gobierno de violar con estas leyes de
manera sistemática la declaración de los derechos humanos que entre
otras cosas establece el derecho que cualquier persona a viajar y
establecerse en cualquier parte del mundo.

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