ANTECEDENTES DE LA OPERACION SALITRE 2009: GONY ENTREGO A YERNO DE PINOCHET EL LITIO BOLIVIANO

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PINOCHET LA FAMILIA CORRUPTA

Un intocable en el banquillo

Tras declarar en la comisión parlamentaria que investiga las privatizaciones del Estado durante los ’80, el ex yerno de Pinochet y presidente del directorio de Soquimich tendrá que presentarse ante el juez Sergio Muñoz si da curso a la investigación que solicitará mañana el diputado Fidel Espinoza por las irregularidades en el proceso de enajenación de la hacienda Rupanco, cuando era director de Conaf. Y esta es sólo una arista de un currículum sumamente sospechoso.

La Nación Domingo / 7 de agosto de 2005

Como Kaiser Soze, aquel personaje que Kevin Spacey encarnó en la película “Los sospechosos de siempre”, quien hizo celebre la frase “el mejor truco del diablo fue hacer creer al mundo que no existe”, Julio César Ponce Lerou se las ha ingeniado siempre para parecer más un mito que una realidad. Inasible total. Casi incorpóreo.

Y es que el nombre del ex yerno de Pinochet -estuvo casado hasta 1995 con Verónica- está impreso de sospechas y cuestionamientos por su poco ortodoxa manera de hacer negocios: en el marco de las apresuradas privatizaciones durante la dictadura militar, de la nada se transformó en un hombre de una inmensa fortuna y presidente del directorio Soquimich, la empresa que tiene la reserva de salitre más grande del mundo.

Hasta ahora, siempre se las arregló para salir ileso de las acusaciones que se le han imputado. Pero su suerte podría estar cambiando. Al menos eso pretende el diputado PS Fidel Espinoza, quien mañana a las 16 horas presentará antes el juez Sergio Muñoz una serie de antecedentes para que se vuelva a investigar sobre las irregularidades que se habrian cometido en la enajenación de la hacienda Rupanco, en 1977, cuando el aún desconocido ingeniero forestal Ponce Lerou era el director nacional de Conaf.

Según adelantó a LND, Espinoza, junto a un grupo de dirigentes de la cooperativa de aquella hacienda, le entregará al juez Muñoz documentos de la época y escrituras de propiedad “para que explore una arista distinta de la investigación vinculada a los familiares del general Pinochet. En ese sentido, queremos que se amplíe a Ponce Lerou, que desde entonces logró un incremento notorio en su patrimonio personal”.

Uno de los antecedentes que se le hará llegar al ministro de fuero que investiga las cuentas de Augusto Pinochet es un “proyecto de acuerdo”, del 12 de agosto de 1992, donde la Cámara de Diputados exigió que se reuniera toda la información sobre el proceso que llevó a que más de 850 familias perdieran todos los derechos por sus tierras.

Según el documento, la cooperativa recibió en 1970, de parte de la Corporación de Reforma Agraria (Cora), 47 mil hectáreas que ya en 1977 presentaban “mejoras en construcciones antiguas y se materializaron otras nuevas”, además de contar con 22 mil vacunos y tener “una buena situación económico-financiera, como lo señaló la liquidación practicada por los liquidadores de la Conaf y del Ministerio de Agricultura”.

Sin embargo, el 12 de julio de 1977, a pesar de que el saldo de la cooperativa era de más de 217 millones de pesos, fue liquidada por la Cora en 242 millones de pesos -40 menos de lo que representaba el avalúo fiscal de los inmuebles-, bajo el ambiguo argumento de “posibles alteraciones contables”.

De esta forma, las tierras pasaron a ser administradas por la Conaf, mientras que los antiguos dueños fueron notificados por Ponce Lerou, “en presencia de fuerza pública y militar”, de que la cooperativa “había sido disuelta y que ellos pasaban a ser contratados como trabajadores, con una remuneración de 40 pesos por día trabajado”.

Pero esas fueron sólo las primeras de varias irregularidades. El 2 de marzo de 1979, Conaf compró la hacienda en 330 millones y luego, el 6 de diciembre de 1979, la vendió en 884 millones de pesos a la Sociedad Inmobiliaria Cabildo S.A. Un negocio redondo que arrojó, en moneda de la época, 13 millones de dólares de ganancias. “El Estado tiene que reparar a esta gente de alguna forma”, dice el diputado Espinoza.

“Son más de 800 familias de la hacienda Rupanco a quienes les cambió la vida cuando se les quitaron sus tierras en los años 70. Asimismo, queremos que se investigue a Ponce Lerou para que explique lo que para nosotros es claro: que esta fue su primera gran movida que le permitió enriquecerse ilícitamente”.

SE DESTAPA EL ESCÁNDALO

La última parte de los ’70 y comienzos de los ’80 fueron de bonanza absoluta para Ponce Lerou. En 1979 se le designa gerente de empresas de Corfo y presidente de la Compañía de Teléfonos y la Industria Azucarera Nacional (Iansa). Al año siguiente, el yerno favorito de Pinochet fue puesto a la cabeza de Soquimich, y en abril de 1983 es nombrado gerente general de Corfo, con 37 años de edad.

Pero la racha le llegó hasta julio de ese año. En medio de las primeras protestas contra el régimen, comenzó a circular clandestinamente un documento titulado “Yerno de Pinochet, en la cúspide de la corrupción”. Las 15 primeras copias, que luego se fueron multiplicando, llegando incluso al extranjero, venían de Temuco y fueron enviadas a Santiago por su autora, Vivianne Schnitzer, una joven periodista de 26 años.

En ese artículo, Schnitzer sostenía que “Ponce es uno de los hombres con más dinero de este país, gracias al poder que le otorgan los diversos cargos que ocupa y que ha utilizado como trampolín para sus ‘actividades’ en el sector privado”.

Pese a que en un comienzo fueron pocos los que tuvieron acceso al documento, no pasó mucho tiempo antes de que el acusado se enterara de su contenido. Su desesperación fue tal, que acusó primero a Ricardo Claro Valdés de haber financiado a la periodista. Luego, a Jorge Lavandero, dirigente entonces del Proden, de difundir el texto, y a los dirigentes del MIR, finalmente, por haber sido los mentores de toda esta supuesta maquinación.Radicada hoy en Estados Unidos, donde trabaja en la Universidad de Michigan, Schnitzer tuvo que huir de Chile aterrada por la persecución de la que estaba siendo víctima.

Contactada por LND, confiesa que “los métodos utilizados por Ponce Lerou para ejercer presión fueron efectivos, por lo que tuve que dejar Chile en cuatro horas, después de darme cuenta de que mi vida no volvería a la normalidad”.

“Me sentí acorralada”, continúa, “por seguimientos, por teléfonos intervenidos, por soplones rodeándome y una violación sistemática de lo más personal y fundamental de la vida de una persona, quebrando la lealtad de amigos, despojando de empleo a los que no quisieron colaborar y que sabían más que yo”.

SALVADO POR EL SUEGRO

Hoy, Ponce Lerou ha vuelto a la palestra por obra de la comisión creada por la Cámara de Diputados, que desde el año pasado ha estado investigando el proceso de privatización de empresas del Estado durante el régimen militar. El informe preliminar, dado a conocer el 21 de julio pasado, determinó, en base a datos de la Contraloría, que sólo la venta de las 30 empresas más grandes (de un total de 725) causó pérdidas al fisco por más de seis mil millones de dólares.

En este entierro, Ponce Lerou tiene más de una vela. La primera dice relación con el préstamo que la Sociedad Monasterio, presidida por él, pidió ante el BID en 1985 y que fue avalada por la Corfo. En total eran 145 mil UF para la adquisición de 50 vaquillas finas, dos reproductores finos, 600 vaquillas preñadas y 24 reproductores de masa. Como finalmente no pudieron pagarlo, la Sociedad Monasterio entregó a Corfo una serie de terrenos y un lote de 670 vaquillas.
La historia no termina ahí. Al año siguiente, una comisión investigadora de la propia Corfo comprobó que las propiedades entregadas en caución estaban sobretasadas y los animales enfermos. El ejemplo más ilustrativo es el de la parcela número 17 de Conchalí, tasada en 13.255 UF por la Corfo, siendo que su avalúo fiscal era de apenas 640 UF.Para el perito judicial Rolando Godoy-como se consigna en el informe de la Cámara de Diputados-, esta operación de significó una pérdida para el patrimonio público de un 65%, o 1.800 millones de pesos. Lo mismo estableció Guido Machiavello, ex fiscal de la Corfo.

Aunque estos antecedentes fueron presentados por el Consejo de Defensa del Estado en 1991, el ejercicio de enlace, primero, y el boinazo, después, pusieron coto a las investigaciones que también estaba llevando a cabo la Cámara de Diputados. Su poderoso suegro sabía cuidar a los suyos.

EL FUNDO DE SOQUIMICH

Y si este caso ha sido un dolor de cabeza, lo de Soquimich es sencillamente una jaqueca. Por la notoriedad pública, claro, y porque además este hombre que ingresó como funcionario común a la empresa acabó como presidente del directorio cuando se privatizó en 1987.

La Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) fue creada en 1968 con capitales privados y de la Corfo, siendo estatizada en 1971. Durante los primeros años del régimen militar y hasta 1983, cuando era presidida por Ponce Lerou, el personal (10 mil trabajadores) se redujo a la mitad. Ese mismo año propuso que se autorizara la venta de acciones de Soquimich, siendo Julio Ponce Zamora, su padre, uno de los primeros accionistas privados de la empresa mediante la sociedad Cemin, según la investigación de la periodista María Olivia Mönckeberg en su libro “El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno”.

Tras su alejamiento por los escándalos de corrupción denunciados por Vivianne Schnitzer, Ponce Lerou volvió en gloria y majestad el 25 de mayo de 1987, para presidir el directorio de la ahora privatizada minera. Este proceso, como lo estipula el informe de la comisión parlamentaria, implicó una pérdida de 261,9 millones de dólares para el Fisco.

Los pasos que siguió para convertirse en el zar del salitre mundial, lo que en el 2004 se tradujo en utilidades por 184,9 millones de dólares para la empresa, fueron muy bien diseñados. Bajo la figura del denominado “capitalismo popular”, en 1986 creó la Sociedad Pampa Calichera, la fórmula perfecta para operar bajo el manto protector de los trabajadores, quienes son dueños de una parte de dicha sociedad.

La complejidad y características de la estructura de Soquimich hacen que muchos la asocien con Enersis. Entre sus socios noruegos de Yara y las otras sociedades que preside, Norte Grande y Oro Blanco, Ponce Lerou tiene un 24,9% de las acciones. Es decir, está a un 0,1% de ser el controlador oficial de SQM, a pesar de que en los hechos lo es. Y tan es así que la empresa canadiense PCS, empatada en el porcentaje de acciones con Ponce-Yara, puede elegir a tres de los siete directores de la compañía, mientras que su contraparte elige a cuatro.

Todos estos enredos han llevado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a intentar dilucidar quién es en definitiva el controlador, lo que pareciera ser obvio. La duda es justificada por la SVS porque Ponce-Yara es operada mediante fideicomisos y sociedades internacionales que impiden a la entidad conocer a ciencia cierta al dueño. Por esta razón se le ha exigido que, junto a Oro Blanco y Norte Grande, explicite quiénes son sus controladores.

CONFIDENCIALIDAD OBLIGADA

LND intentó saber a través del propio Ponce Lerou su versión sobre esta situación y las acusaciones de supuesta corrupción, pero no obtuvo respuesta. Igual destino tuvieron los acercamientos de este diario al director de Soquimich en representación de las acciones “B”, José Antonio Silva, y con Julio Cardenal, también ex director y miembro de IB Partners, el banco de inversiones de PCS en Chile, quien dijo que todos quienes trabajan para la empresa canadiense tienen un “contrato de confidencialidad” que les impide referirse a este tema o cualquiera relacionado a Soquimich.

Quien sí ha dicho algo es William J. Doyle, el presidente de PCS. El empresario ha acusado a Ponce Lerou -quien recibe como presidente del directorio 311 millones de pesos anuales- de manejar la empresa como si fuese su “feudo”. Pero el problema, ha alegado, va más allá de su actitud, ya que “los estatutos de SQM están llenos de restricciones que hacen difícil, si no imposible, tomar el control sin el consentimiento del grupo Ponce”.

Desde otro frente, Manuel Riesco, economista que colaboró con la comisión parlamentaria, juzga como “escandaloso” que Ponce Lerou siga estando en Soquimich. “Este oscuro funcionario de la Conaf, que no tenía dónde caerse muerto, no hubiera tenido posibilidad alguna de haberse adueñado de esta compañía si no fuese por su parentesco con Pinochet. No puede ser que el yerno de un dictador corrupto que está procesado siga de dueño de la empresa salitrera de Chile”.

Aunque muchos pretenden que tras el informe de la comisión se inicien procesos penales contra los principales protagonistas de las privatizaciones, Jorge Burgos, diputado DC que integra la misma comisión, reconoció el lunes pasado, en el restaurante Off the Record, que “es muy difícil que suceda algo más allá de las conclusiones. Decir lo contrario sería generar falsas expectativas, ya que la mayoría de los casos están prescritos”.

Añadió, sin embargo, que la historia empresarial de las últimas décadas no es para escribirla “por lo bonita”, ya que el surgimiento de los grandes grupos económicos nacieron bajo “el amparo descomunal del Estado”.

En cuanto al caso particular de Ponce Lerou, fue aún más duro, ya que, en sus palabras, “es indecente que el yerno de un dictador se haya hecho dueño de una empresa que presidió mientras era estatal”.

Al parecer, y por más que ha intentado que no sigan emparentándolo con Pinochet, ni el mejor profesor de salto con el que practica con sus caballos le permitirá saltar las vallas de su pasado. El tiempo que ha transcurrido por los hechos que se le acusan es su gran aliado y también su peor enemigo: el poder del verdadero Kaiser Soze, ese que se muestra y no todos quisieron reconocer, se esfumó. Podrán ser los años, los abogados o la voluntad del juez Muñoz, pero una cosa sí es segura: su ex suegro ya no podrá salvarlo, como tantas veces lo hizo.

El Diario : Empresas chilenas monopolizan explotación del Salar de Uyuni
Posted by gustavo on 16/9/2003 8:22:12 (872 reads)
En la brigada de senadores de Potosí apuntan a la “falta de voluntad política del Gobierno” para sentar soberanía sobre el territorio boliviano y sus recursos estratégicos en la frontera con Chile, al conocerse que empresarios de ese país tienen el monopolio de las riquezas evaporíticas del Salar de Uyuni, vinculados a un ex yerno del dictador Augusto Pinochet.

• La Brigada Parlamentaria de Potosí inició una investigación sobre quiénes son los concesionarios en la explotación de los recursos evaporíticos. • El problema de las aguas del manantial del Silala también fue expuesto a la primera autoridad política de la región, pero tampoco tienen respuestas.

El senador potosino Felix Vásquez (MAS) acusó al Gobierno de hacer caso omiso a la diversidad de solicitudes realizadas por los representantes de la región al canciller Carlos Saavedra Bruno para poner freno a la “arremetida chilena”.

“Los potosinos vamos a reaccionar en defensa de la soberanía nacional si el Gobierno no reacciona y no le pone coto a esta situación”, aseguró molesto el legislador que los chilenos han comenzado apropiarse desde el patrimonio turístico del país hasta los recursos naturales.

“Hay fuertes intereses chilenos en diversas áreas”, añadió el legislador opositor que teme vínculos de funcionarios del más alto nivel jerárquico del Ejecutivo con los intereses económicos del país transandino.

En el caso de las aguas del manantial del Silala aseguró que para sentar soberanía en la zona, le plantearon al prefecto potosino, Sergio Medinaceli, “llevar familias enteras”. “el Prefecto vio con buenos ojos nuestra propuesta pero hasta ahora no se ha hecho nada al respecto”, aseguró.

Sobre el salar de Uyuni explicó que la Brigada Parlamentaria de Potosí comenzó una investigación sobre quienes son los concesionarios en la explotación de los recursos evaporíticos, pero con la conclusión de la gestión legislativa, esperan la reestructuración de esa instancia legislativa reanudar con el trabajo de fiscalización.

DENUNCIA

Según el matutino de la Villa Imperial, El Potosí, en la página web http://bolivia.indymedia.org/es/ se da cuenta que dos empresas chilenas, Quiborax y Soquimich, controlan monopólicamente los recursos del Salar de Uyuni explotando áreas que no pudieron ser adjudicadas a comienzos de los años 90 por la norteamericana Lithium Corporation (Lithco).

La empresa Quiborax (Química Industrial del Borax), se benefició con una concesión prohibida dentro la franja de 50 kilómetros de frontera a través de una sociedad con el empresario boliviano David Moscoso.

Este empresario, según el medio, logró convencer a algunos parlamentarios bolivianos que se apruebe la Ley 1854 que garantiza sólo un 25 por ciento de los recursos del Salar bajo control del Estado. El 75 por ciento restante está a expensas de la inversión privada.

El website indica que la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich) es de propiedad de Julio Ponce Larrea, ex-yerno del ex dictador Augusto Pinochet, y es otra de las empresas chilenas que controla las riquezas del salar de Uyuni.

Soquimich opera a través de administradores que fueron funcionarios de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo) durante la dictadura pinochetista. Uno de esos ex funcionarios pinochetistas sería Hernán Buchi, socio de Ponce Larreu, quien ejercería presiones sobre el Gobierno boliviano para que las concesiones entregadas a Soquimich se amplíen a la misma estatal Chilena Corfo bajo la figura de “joint venture” con que Corfo y Soquimich explotan actualmente el litio del salar de Atacama.

Quiborax y Soquimich controlan aproximadamente 15.000 hectáreas del Salar de Uyuni traficando ácido sulfúrico que ellos mismos importan de Chile como insumo para la fabricación de ácido bórico.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Mario Rengifo, considera que la sociedad de David Moscoso con los chilenos es un verdadero peligro para el país. Sostiene que el ex yerno de Pinochet controla a través de su gente de confianza la zona del delta del Río Grande donde está la mayor reserva de litio del salar, denunció el periódico en su edición de este lunes.

CONCESIONES

Un grupo de empresarios privados coligados con parlamentarios potosinos de la anterior legislatura consiguieron reducir la zona de reserva del Salar de Uyuni. La Ley 1854 sirvió para que los empresarios accedan a un total de 388.455 hectáreas en la zona más rica y que concentra los mayores volúmenes de litio, ulexita, boro, potasio y otros recursos, dio a conocer el medio.

Las concesiones se ubican principalmente en el delta del Río Grande donde la concentración de recursos no metálicos está muy por encima del resto del salar potosino. La apropiación ilegal de los recursos fiscales fue tan bien planificada que los empresarios solicitaron exactamente las cuadrículas más ricas en no metálicos, denuncia el medio.

DESPOJO

El despojo de la riqueza boliviana comenzó en 1842, cuando se encontraron depósitos de guano en territorio boliviano. El saqueo se concreta luego de que el chileno Juan López descubriera las guaneras de Mejillones a donde llegaron los mapochos para explotar nuestros recursos.

El combate a la Confederación Perú Boliviana fue para consolidar en su poder la riqueza guanera de este país. La Guerra del Pacífico consolidó el cercenamiento territorial pero no se acabó el saqueo.

LA INFORMACION ESTA ERRADA CHILE NO POSEE EL 60% DEL LITIO

Chile apenas posee el 30% de las reservas mundiales de Litio, y se sospecha que parte de su “produccion” proviene del salar de Uyuni explotada por el ex yerno de Pinochet Julio Ponce Larriu a través de la empresa SOQUIMICH, echada de Bolivia por no pagar impuestos.

La información que se registra infla las cifras, Bolivia posee el 50% de las reservas Mundiales y Chile 30% ( en un territorio que esta usurpada por Chile a Bolivia, ya que nunca fue concedido en el tratado de 1904), por lo que no pertenece a Chile, el Atacama Boliviano no fue incluido por error en el tratado impuesto pro Koning.

por lo cual en realidad el Litio es 80% boliviano.

Chile esta desarrollando una jugada psico-social para tratar de demostrar que es el mayor poseedor de reservas mundiales, cuando solo tien el 30% de las reservas mundiales.

Esta politica irracional y poco seria ya fue aplicada en el caso del salitre, con el gas natural y ahora con el Litio

Lo absurdo es que el yernisimo de Pinochet haya estafado al pueblo de Chile, se apropie de una empresa, se haya hecho rico en Bolivia y ahora quiera apropiarse de todo el litio.

Los chilenos se llevan la ulexita del Salar de Uyuni y aprovechan las aguas del Silala.