Racismo: Diputados piden juicio a 15 líderes de Sucre

CAMBIO. 24/09/09. La Cámara Baja enviará a la Fiscalía el informe sobre vejaciones a indígenas en 2008. Habrá pesquisa a la Unión Cruceñista.

La Cámara de Diputados aprobó ayer el informe final sobre los hechos de violencia y vejámenes en contra de campesinos el 24 de mayo de 2008, en Sucre. El documento que será remitido a la Fiscalía General de la República establece responsabilidades y procesos judiciales en contra de algunos líderes del Comité Interinstitucional y parlamentarios chuquisaqueños.

Luego de casi ocho meses de pesquisas en la Comisión de Derechos Humanos, el plenario de la Cámara Baja dio curso al juzgamiento de personas que tuvieron indicios de participación y responsabilidades en los sucesos de la capital. El informe se hizo viable con el requerimiento camaral respectivo.

“Se justifica la decisión porque es necesario asumir acciones que contribuyan a que en el país se eliminen los hechos racistas y violatorios a los derechos humanos. Hay varios puntos que servirán no sólo para que el Ministerio Público prosiga con la investigación y la imputación formal y apertura de juicios, sino para que en Bolivia éste sea un antecedente para que nunca más nadie sea denigrado, humillado, golpeado o discriminado, como se hizo con los campesinos”, expresó la titular de la Comisión de Derechos Humanos,  Elizabeth Salguero (MAS).

El documento establece procesos penales en contra de Savina Cuéllar, prefecta de Chuquisaca; Aidée Nava, alcaldesa de Sucre; Fidel Herrera,  Jaime Barrón, rector de la Universidad San Francisco Xavier. También en contra de los parlamentarios opositores Eduardo Pórcel, Lourdes Millares, Fernando Rodríguez, Tomasa Yarwi, Jorge Alurralde y Elsa Guevara, según un boletín de Diputados.

Además de los dirigentes del Comité Interinstitucional John Cava, Jamil Pilco, Roberto Lenín Sandóval, Donata Epifania Terrazas y Dailer Andrade, por “evidente participación”.

Todos ellos, por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, privación de libertad, amenazas, coacción, vejación y tortura, delitos contra la libertad de prensa, atentados contra la libertad de trabajo, violación a los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras resoluciones internacionales.

Además exigió iniciar una investigación penal por la presunta participación en los hechos de los días 19, 20, 23 y 24 de mayo de 2008 contra Paola Guzmán, Javier Monterde, Juan Antonio Jesús, Álvaro Ríos, Leonardo Ávalos Cuéllar, Harold Herrera, Fernando Albornoz, Ariel Mamani, Juan Carlos Quiroga,  Hugo Paniagua, Enoc Echalar, Lino Candia, Alberto Pérez,  Josefina Espíndola, René Colque, Pedro Medrano, Juan Luis Gantier, Marya Echenequi, Milton Barón, Alex Ayllón, Joaquin Hurtado, Franz Quispe, Daniel Villavicencio, Sergio Vargas, Gonzalo Romay, Carmen Mendoza, Arminda Morales, entre otros, indica el reporte.

La solicitud se amplía a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes habrían participado en la tortura a campesinos y miembros de las Fuerzas Armadas y otros funcionarios de dos hospitales que supuestamente no atendieron a los heridos.

Además se extiende a los periodistas de canal 13, Televisión Universitaria y Tv Global, Róger González, Delfín Ustárez, René Colque, Daniel Villavicencio y Gonzalo Ibáñez, quienes habrían incitado a mayor violencia. El informe, agrega el boletín, también recomienda a la Contraloría realizar una auditoría a la Universidad Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca.