Memoria: Propuesta, crítica y análisis de Anteproyectos de Ley contra el Racismo

Memoria del Taller:

Inauguración, Viceministro de Descolonización, Roberto Choque 

El   Taller “Propuesta, crítica y análisis de Anteproyectos de Ley  contra el Racismo y la Discriminación”  fue inaugurado por el Viceministro de Descolonización, Lic Roberto Choque, quien destacó el interés de los participantes en torno al tema y la iniciativa conjunta emprendida entre Estado y Sociedad Civil. El taller fue organizado por el Viceministerio de Descolonización mediante su Dirección Nacional de Lucha contra el Racismo y  la Red contra el Racismo, la Discriminación y la Impunidad, en la que participan el Defensor del Pueblo y la Universidad Cordillera entre otras instituciones, organizaciones, colectivos y grupos de diversos sectores. 

En su exposición sobre “Racismo y Discriminación”, el Viceministro Choque habló acerca de lo que se entiende por racismo y dijo que: “el racismo maneja el concepto de que hay razas superiores e inferiores, y no se puede entender la discriminación, primero, sin ese concepto de superioridad racial”. Esta idea estuvo vigente desde la época de la Colonia, cuando se consideró que, por naturaleza,  el indio era un ser inferior, un ser sin alma y sin sensibilidad,  incapaz de decidir o pensar por sí mismo, puntualizó el viceministro.

La inferioridad racial justificó, en la época colonial, castigos ejemplares contra las insurrecciones indígenas, y durante la república legitimaron la usurpación de tierras de las comunidades indígenas y masacres como  la Ley de Ex-vinculación de Tierras,  en  el gobierno de Mariano Melgarejo: “Bastaba ser indio para ser encarcelado y humillado”, sostuvo. 

“La historia se repite”, dijo el Viceministro al recordar los sucesos de mayo de 2008, en la ciudad de Sucre, cuando un grupo de indígenas –entre ellos autoridades municipales- fueron humillados y sojuzgados públicamente. Rememoró también  los dolorosos hechos registrados en Pando, en noviembre de 2008, con el asesinato, por parte de grupos racistas locales,  de  casi una veintena de hombres, mujeres y niños indígenas que acudían a una marcha pública.    

El viceministro sostuvo, también, que los indígenas sufrieron expresiones de racismo   en la administración pública y en las universidades, las cuales  no sólo desconocían  su derecho a la ciudadanía sino que, además, practicaban una política de discriminación y exclusión.  “Los indígenas eran relegados de la administración pública y de la universidad, por más que tuvieran un doctorado, pesaba el ser o no ser indio”, dijo. Citando el título del libro de Silvia Rivera “Oprimidos pero no vencidos” afirmó: “Los indígenas fueron oprimidos pero no vencidos, pese a la larga historia de una lucha desigual”. 

Frente a este recuento histórico, el viceministro consideró necesario trabajar para  descolonizar la mentalidad y erradicar los conceptos e ideas de superioridad que aún se mantienen enraizadas en la sociedad. “Hay que descolonizar la mente de quienes analizarán las leyes contra el racismo ya que no bastará una ley si no se preparan y se capacitan, al mismo tiempo, los recursos humanos”. 

Intervención del Director de Justicia del Ministerio de Justicia en representación de la Viceministra Cecilia Rocabado.  

El director de Justicia se refirió a las demandas de la sociedad para tipificar y penalizar el racismo y la discriminación y sentar un precedente  inscrito  en una norma y dijo que si bien este paso es un elemento importante no es ni debe ser la única respuesta del Estado. 

La lucha contra el racismo y la discriminación merecen una respuesta integral, lo que significa avanzar más allá del plano judicial. Dicha respuesta, en su opinión, tiene que ver con una política pública que refuerce y dé sostenibilidad a las acciones tanto estatales como ciudadanas. El director mencionó al Plan Nacional de Derechos Humanos que busca abordar los problemas de violaciones a los derechos, y de discriminación y  racismo desde una perspectiva integral, con participación ciudadana. “La penalización del racismo y la discriminación es una esperanza, de hecho se trabaja para incorporar en el Nuevo Código de Procedimiento Penal las percepciones y demandas ciudadanas sobre el racismo”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que los estrados judiciales   se hallan abarrotados de procesos judiciales, por otras causas, que se alargan en el tiempo sin que las víctimas reciban justicia oportuna.  “Hace falta otros mecanismos de apoyo como, por ejemplo, una veeduría ciudadana, un observatorio, con participación de la sociedad, de las causas por racismo que se pueden enjuiciar”, dijo.  “Es importante establecer la institucionalidad, con participación ciudadana, para el seguimiento de estos casos”, opinó. 

Análisis de la legislación internacional comparada, Jennifer Guachalla, Defensor del Pueblo 

Jennifer Guachalla explicó el proceso de diseño del anteproyecto de Ley contra la Discriminación formulado en una mesa técnica, entre 2008 y 2009, en la que participaron instituciones como el Defensor del Pueblo, Universidad Cordillera y Fundación Solón , entre otras.   La mesa técnica elaboró el anteproyecto que contempla sanciones contra actos de discriminación, en el entendido de que el Estado debe promover políticas destinadas a lograr la igualdad de los ciudadanos.

La necesidad de sancionar la discriminación forma parte de los procesos de reconocimiento del Estado de que debe existir esa igualdad, dijo. El anteproyecto de ley contra la discriminación fue socializado entre diferentes sectores de la población en talleres y seminarios a lo largo del país, antes de ser presentado al Parlamento por la Ministra de Justicia, explicó la representante del Defensor del Pueblo, quien explicó en detalle las características de la propuesta que considera al racismo como una forma de discriminación, la cual se agrava dentro del anteproyecto cuando ésta es cometida por razones de raza, opinó. 

Enfoque Social del Racismo en las Políticas Públicas, Farid Rojas, Universidad Católica Boliviana 

“Repensar la producción de lo público sería más importante que un instrumento legal para sancionar y castigar”, opina el investigador y profesor universitario Farid Rojas. “Ése debería ser el nuevo enfoque del Estado con la nueva Constitución porque el Estado, antes de la nueva CPE, se basaba, precisamente en el vigilar y castigar”, sostuvo Rojas refiriéndose al concepto del filósofo francés Foucault.   “Por eso, mi propuesta es que hay que reproducir lo público, lo cual quiere decir integrar, compartir de otra manera, gestionar que el ser humano vida en comunidad”, afirmó. 

En su opinión, hay que cambiar la mirada del Derecho, que particulariza y separa los ámbitos entre lo público y privado, entre dos formas de vida “cuando de lo que se trata es vivir en comunidad, darle sentido a lo público, que sería el espacio de todos”. Y para ello, sostuvo,  “se sugiere volver la mirada hacia a los pueblos indígenas, cuyas formas de vida y de comunidad pueden ser readoptadas”. 

Así, las políticas públicas deberían asentarse en los principios de los pueblos indígenas, en su forma de entender lo público y privado como espacios que competen, que interesan a todos, a diferencia de la lógica jurídica. Lo que yo sugiero, si hablamos de instrumentos jurídicos es que, por lo menos, estas medidas se acompañen con un observatorio que se especialice en políticas públicas para reproducir nuevas lógicas, reproducir lo público de otra manera, dijo. Observatorios que se especialicen en políticas públicas, que se vea, qué se entiende por política pública, de qué manera se puede vivir de otra forma. Y tratar de restringir lo jurídico. 

Estado de Situación de la legislación y proyectos en Bolivia sobre Racismo, Sucy Mitre, del Capítulo de Derechos Humanos de Bolivia   

Si partimos de la crítica de Farid acerca de que las instituciones están pensando en lo excesivamente jurídico, estamos viendo, entonces, que las instituciones no están trabajando en el tema de la producción de lo público, de la comunidad, de la integración, sino sólo en penalizar y castigar, sostuvo De todas maneras, como se está hablando de los proyectos de ley, me toca hacer un recuento de los que existen, sostuvo Sucy Mitre al informar acerca de un total de seis proyectos de ley en el Parlamento que hablan sobre racismo y discriminación pero que son poco conocidos entre los mismos parlamentarios. 

  Luego, la expositora pasó a informar sobre las características de cada uno de los proyectos.  

  Sucy Mitre afirmó que de los seis proyectos de ley presentados ante el Parlamento tienen prelación el 198  y el 333 porque llevan la firma del presidente Evo Morales.  El primer proyecto propone la creación de una Coordinadora Nacional contra la Discriminación, y el segundo, de un  Consejo Nacional contra  la Discriminación. En cambio, la propuesta presentada por los “tres javieres” del Movimiento Sin Medio es escueta, se pregunta ¿Qué es la discriminación? y ¿qué agravantes puede haber cuando los actos son cometidos por funcionarios públicos, etc.  Mitre también explicó las características del Proyecto 000, que contó con el asesoramiento del abogado Reynaldo Imaña, y presentado por la Mesa Técnica, organizada por el Defensor del Pueblo. El proyecto propone la creación de un Coordinador Permanente de Lucha contra la Discriminación. 

Objetivos de los proyectos 

El proyecto 198 del Ministerio de Justicia tiene como objetivos generar políticas públicas contra toda forma de discriminación, sancionar y crear la Coordinadora Nacional. A su vez, el proyecto 333, de la bancada del MAS y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, busca promover y garantizar la libertad y la igualdad, mientras que la propuesta del   Movimiento Sin Miedo, no tiene objetivo. El proyecto de la Mesa Técnica, presentado por el Defensor del Pueblo tiene como objetivo establecer mecanismos de protección que garanticen la igualdad. 

 La Discriminación en los proyectos    Discriminación  El que arbitrariamente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio a derechos individuales o colectivos por motivo de: Toda distinción, exclusión, postergación, restricción y/o preferencia basada en: …“se refiere a que por motivos fundados en raza, origen étnico, identidad cultural, pertenencia a una nación o pueblo indígena originario, campesino, idioma, color de piel, nacionalidad, procedencia regional, sexo, orientación sexual, edad, nacimiento filiación familiar, estado civil, embarazo, discapacidad física, intelectual o sensorial, enfermedad, credo religioso, ideología, estado de salud, opción de trabajo, identidad de género opinión política o filosófica, posición económica y social. ……  -          se vulnere, menoscabe o anule los derechos de las personas o pueblos- … que tenga como efecto incitar, impedir, restringir y/o anular el ejercicio de los derechos humanos.  

Ruta de los proyectos   

Mitre explicó que si un proyecto es aprobado por dos comisiones, significa que  será revisado por la Cámara de Diputados. Hasta ahora, ningún proyecto ha tenido esa suerte. El primer proyecto de ley de este año, pese a que fue generado por un acuerdo conjunto, aún no cuenta con informes. Otro aspecto que llama la atención es que el Viceministerio de Justicia Comunitaria se comprometió a impulsar el proyecto de ley de la Mesa Técnica, pero presentó, luego, otro proyecto de ley sin respetar el acuerdo. El Viceministerio informó, en una conferencia de prensa, su desacuerdo con sanciones mínimas y porque no se priorizaron a los grupos indígenas.      

   Hay comisiones en la Cámara de Diputados que no conocen los proyectos. La Comisión de Constitución no tenía ningún proyecto de ley en sus manos. Fue a interiorizarse cuando se le hizo la consulta, la Comisión de Política Social tenía uno.Hay que impulsar los proyectos, porque de lo contrario duermen el sueño de los justos, concluyó Mitre.  

Procedimientos y Estrategias para introducir modificaciones en los proyectos de ley, Claudia Gutiérrez, Defensor del Pueblo 

Procedimiento legislativo. De acuerdo a la anterior Constitución Política del Estado, un proyecto podía tener inicio en cualquier Cámara del Congreso salvo algunos proyectos que tienen que ver con seguridad del Estado. Se contemplaba la figura de la iniciativa ciudadana pero ésta tenía que buscar diputados patrocinantes, según explicó Claudia Gutiérrez. De manera general, la Cámara analizaba el proyecto, pasaba a la cámara revisora, aprobaba la Cámara de Diputados, pasaba a revisión de aprobación del Senado y luego a la promulgación por parte del ejecutivo. Durante ese procedimiento podía haber modificaciones. Si el proyecto era rechazado en la cámara de origen tenía que ser postergado hasta otra gestión. Si la cámara revisora hacía algunas observaciones al proyecto, éste debería ser tratado en 60 días con aprobación mayoritaria. Hay reglamentos internos en ambas cámaras, las cuales se hallan divididas en comisiones y comités.

La Cámara de Diputados tiene 12 Comisiones y 30 ComitésLa Cámara de Senadores, 10 Comisiones y 11 Comités. Las Comisiones deberían reunirse de martes a jueves por las mañanas, pero eso no ocurre.  Con anterioridad, en la CPE pasada, un proyecto era presentado por un diputado o comisiones, personas o entidades, con patrocinio de uno o dos diputados. La iniciativa ciudadana no prosperó en la anterior CPE porque no hubo ley que la regulara.   

Los proyectos de Ley se presentaban en tres originales, firmados por dos diputados. La presidencia de la Cámara de Diputados recibía el proyecto, y ésta remitía el proyecto a las comisiones competentes.  Por ejemplo, un proyecto sobre Discriminación pasa a las comisiones de Indígenas, de Constitución y Derechos Humanos.  Tienen 15 días para emitir el informe, que recomienda complementación o rechaza la propuesta. Los 15 días no se cumplen generalmente. Las comisiones mandan en consulta al poder ejecutivo o a sus comités de diputados antes de analizar las propuestas detenidamente, y el poder ejecutivo o los comités no siempre pueden cumplir los plazos.  Una vez devueltos por éstos, pasan a la Cámara.    

La anterior CPE establecía mayoría absoluta en casos de solicitud de separación de diputados o senadores del Legislativo, elección de consejeros, tribunales, etc. La Nueva Constitución establece similar procedimiento en estos casos. Un punto importante es que existe la iniciativa legislativa ciudadana que permite a cualquier ciudadano, asambleístas, tribunal supremo y gobiernos autónomos a presentar sus proyectos. Una modificación importante, toda aprobación debe ser por mayoría absoluta.Cuando el Órgano Legislativo aprueba un proyecto de ley, remite al gobierno, quien tiene un plazo de 10 días para formular sus observaciones. 

Existen varios mecanismos parlamentarios establecidos por el propio órgano legislativo para poner en mesa temas de su interés. Por ejemplo: audiencias públicas, reuniones con el presidente de la comisión;  mesas técnicas destinadas al análisis  de que un solo proyecto de ley. Lo importante en todo este proceso es tener claro que hay la necesidad de hacer un seguimiento a los proyectos, puesto que ellos no avanzan si no se los impulsa.   La aprobación de un proyecto puede tomar años si no se lo impulsa y si no se hace un lobby a nivel político con el poder ejecutivo, el cual elabora los informes técnicos en torno a los proyectos de ley propuestos para comisiones legislativas.Otro punto importante es buscar aliados en la sociedad civil, mediante la socialización de un proyecto. En cuanto al proyecto de Ley presentado por la Mesa Técnica, éste, de acuerdo con los informes, prosigue su curso cumpliendo todo el procedimiento. 

Compromisos de Bolivia en instrumentos internacionales para la lucha contra el Racismo, Arnaud Chaltin,  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia 

La ponencia analiza tres instrumentos internacionales que fueron suscritos por Bolivia, en torno al tema del racismo.El 7 de junio de 1966, Bolivia se comprometió, mediante firma, con la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, a prohibir y terminar con la discriminación racial por todos los medios apropiados, incluso si exigieran las circunstancias, mediante medidas legislativas, recordó Chautin. Esta Convención fue ratificada por Bolivia el 22 de septiembre de 1979. Las medidas penales que los Estados deben adoptar de manera obligatoria están previstas en el Art. 4 de la Convención:

1. Declarar como acto punible, conforme a Ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial;
2. Declarar como acto punible toda incitación a la discriminación racial;
3. Declarar como acto punible todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico;
4. Declarar como acto punible toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiamiento;
5. Declarar ilegales y prohibir a las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda que promueva la discriminación racial e inciten a ella, y
6. Reconocer que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un delito penado por la ley.

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) recordó, en 1972, que el cumplimiento del Art. 4 era obligatorio para los Estados. En 1985, en su recomendación general No. 07, el CER recomendó a los Estados dar pasos necesarios para contar con una legislación adecuada para cumplir con esta obligación. Dos de los 31 comentarios generales del CER dan importancia a la tipificación penal de la discriminación racial. 

Sobre Bolivia 

En su informe sobre Bolivia el CER observa con preocupación la falta de disposiciones legislativas que castiguen:

• La difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial,
• Actos de violencia o incitación la violencia
• Y las organizaciones que fomenten la discriminación racial, como se exige en el artículo 4 de la Convención.

 En sus últimas recomendaciones sobre Bolivia, el 2003, el Comité reiteró su recomendación e instó a Bolivia para que cumpla su obligación de tipificar como delito todas las formas de discriminación racial. Lo mismo había sido dicho al gobierno en 1996, 1984, 1978. Pero, el artículo 4to de la Convención no es el único al cual se comprometió Bolivia cumplir.  En efecto, el 2001 Bolivia firmó la Declaración de Durban en la cual reconoce los siguientes puntos: 

• “Los obstáculos para vencer la discriminación racial y conseguir la igualdad racial radican principalmente en la falta de voluntad política y legislación deficiente, etc.”.
• Reafirma su obligación de cumplimiento del artículo 4 de la Convención,
• Y reconoce “la importancia fundamental que tienen los parlamentos en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, en la tarea de adoptar legislación apropiada”.

 Con la firma del Plan de Acción de Durban, en 2001, Bolivia se comprometió a adoptar y aplicar leyes y medidas administrativas con miras a combatir expresa y específicamente el racismo y prohibir la discriminación racial.  Asimismo, Bolivia se comprometió  

• A adoptar medidas eficaces para combatir los delitos motivados por el racismo y la discriminación racial,
• Y a adoptar medidas para que esas motivaciones se consideren circunstancia agravante al imponer pena.

 Conferencia examen de Durban 

A fines de abril de 2009, Bolivia reafirmó los compromisos señalados durante la conferencia de examen de Durban.  Reafirmó en particular que las leyes deben prohibir toda apología del odio nacional, racional o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.Reafirmó, además, que la difusión de ideas basadas en la superioridad racial o el odio racial, la incitación a la discriminación racial, y a todos los actos de violencia, así como la incitación a dichos actos deben ser tipificados como delitos punibles por ley, que esas prohibiciones no violan la libertad de opinión y expresión. 

Cabe recordar la recomendación al gobierno formulada por el entonces Relator Especial de Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stevenhagen, en su informe de visita a Bolivia, que recomienda promover la posibilidad de tipificar el delito de discriminación racial en la legislación nacional, así como la adopción de una ley específica para combatir la discriminación en todos los ámbitos. 

Para destacar la implicación de estas obligaciones por parte del Estado boliviano, y en particular del Art. 4 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación racial, vale la pena de citar el artículo 410 (III) de la CPE que dice: “el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos”, es decir que la obligación del Art. 4 de la Convención es equivalente a una obligación constitucional. Además, el artículo 256 señala que los tratados e instrumentos internacionales (como la Declaración y el Plan de Acción de Durban) en materia de derechos humanos que hayan sido firmados o ratificados por el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán en preferencia de ésta.La Constitución, en su Art. 6 también incluye el tema de la penalización d la discriminación diciendo que: “El Estado prohibe y sanciona toda forma de discriminación”. 

Así, la adopción de una legislación contra la discriminación, en particular contra la discriminación racial, contra la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, contra la incitación a la discriminación racial, contra las organizaciones que promueven e inciten a ello, así como sancionar otros delitos motivados por el racismo, la discriminación racial,, la xenofobia  y las formas conexas de intolerancia, es una obligación tanto internacional como  constitucional con la cual el Estado boliviano tiene que cumplir.

Conclusiones en torno a las exposiciones. Pamela Calla, Universidad Cordillera  

En esta primera parte del evento se ha hablado de varios puntos que quisiera destacar puntualmente;    

• Arnaud Chautin recuerda la necesidad de articulación de una agenda antirracista con la agenda nacional e internacional, lo cual forma parte de los compromisos asumidos por el Estado pero, también, de la sociedad que debe estar movilizada permanentemente.
• Hemos tenido una información detallada acerca de la dinámica de la proyección de leyes para comprender las rutas del Anteproyecto de Ley contra la Discriminación, y en qué estado se encuentran.
• Se ha hablado de la Ley contra el Racismo versus la Política Pública, en el sentido de que cómo deberíamos que repensar la producción de lo público comunitario en relación a los cambios de mentalidad, en el entendido de que una ley por sí sola no solucionará el problema.
• Y don Roberto Choque ha expresado que no podemos entender el racismo si no entendemos la discriminación y ha hablado acerca de cómo se ha producido la superiorización de los grupos y la inferiorización de otros grupos.

II Parte del Taller. Organización de las Mesas de Trabajo.

Los participantes se organizan en las siguientes mesas de trabajo, con el apoyo de Enrique Amador. Mesa 1. Propuestas desde las vivencias Mesa 2. Impunidad y Racismo Mesa 3. Propuestas y Recomendaciones     Mesa 4. De la Educación, a la Información a la Desinformación y a la Incitación    

Resúmenes de las discusiones en las Mesas de Trabajo 

Mesa 1. Propuestas desde las vivencias.La mesa 1 presenta un testimonio de una persona, nacida en Inquisivi, de origen indígena que vivió diversas experiencias de discriminación y racismo a lo largo de su vida por tres razones: por pobreza, por indígena y porque no encajaba en los estereotipos de “buena presencia”.    

En base a las vivencias se formulan las siguientes propuestas:   

1. Para crear mecanismos contra el racismo, se considera prioritaria la formación desde los hogares, enseñar equidad de género y exigir al sistema educativo que incluyan temas en la currícula que hablen del derecho de los pueblos, de la tolerancia y las formas de discriminación y racismo.
2. Los medios de comunicación son actores principales en la difusión de estereotipos de discriminación y racismo y de la formación de una opinión pública por lo que hay que trabajar en la educación de padres, maestros y estudiantes acerca de las políticas de los medios de comunicación.
3. Los participantes en la mesa se preguntan hasta qué punto funcionaría la penalización si no se adoptan paralelamente medidas para formar la conciencia y la opinión de la población.  
4. Paralelas a las medidas, el Estado debe trabajar en un tema que no es tomado en cuenta pero que resulta importante para la vida cotidiana de la población: penalizar los obstáculos, trabas e impedimentos al ejercicio pleno de los Derechos Humanos e indígenas que aparecen en las convocatorias de admisión a puestos laborales en oficinas tanto públicas como privadas con restricciones a estado civil, edad, origen étnico, etc.: “Señorita de buena presencia”,  “Joven”.
5. El acceso educación para todos sin discriminación por edad, que se plantea tanto en el ingreso a cursos como becas y universidades.
6. El Estado y la Sociedad deben promover la creación de centros de orientación, de atención para ayuda las víctimas de racismo, como las de Sucre y Pando debido a las secuelas que dejan estos actos en las personas y sus familias.

Mesa 2. Impunidad y racismo 

1. Recomendamos crear tipos penales específicos para penalizar las diferentes formas de discriminación en un paso adelante en el cumplimiento, por parte del nuevo Estado, de las recomendaciones de los organismos internacionales que se han emitido sobre el tema y que se arrastra desde muchos años. 
2. El tema de la prevención y trabajo sobre valores y respeto a los DD.HH debe estar presente en la misma Ley contra el Racismo, mediante mecanismos públicos de educación y formación de la conciencia ciudadana. 
3. Que la Ley contra el Racismo, que se observa necesaria, se articule y se integre a otras leyes; que no sea aislada
4. Consideramos necesario, también, reflexionar acerca de la penalización del racismo en las comunidades y sociedad boliviana con el fin de incluir otros tratamientos y enfoques sobre el tema. Hay que recoger experiencias de lucha contra el racismo, aparte de la penalización.   
5. La sociedad civil debe buscar el acceso a audiencias públicas en el Parlamento y otros mecanismos participativos para agilizar el tratamiento de una Ley en el Congreso que incorpore y refleje los tipos de racismo cotidiano que existen en el país.
6. Se recomienda que sea una ley accesible y comprensible para la población, que la entienda y que se vea su aplicabilidad sobre la base de las experiencias y casos.
7. Proponemos profundizar el debate acerca de la necesidad de crear una ley específica que trate temas de discriminación racial. Hay que crear una disposición específica que haga hincapié en la discriminación racial.

Mesa 3. Propuestas y recomendaciones, bajo la moderación de  Claudio Rossels, Defensor del Pueblo 

La mesa ha discutido el tema del racismo y discriminación desde las experiencias y formas de discriminación percibidas y sufridas por migrantes en el interior, en el exterior, de médicos naturistas, prestatarios chicos y otros sectores. En tal sentido, se plantea al Estado y a la sociedad estas reflexiones: 

• Analizar y reflexionar en torno a los excesos de autoridades del Estado boliviano en el ejercicio de su cargo, que cometen excesos en contra de los funcionarios, no respetan y restringen los derechos.
• No brindar protección o solución a los problemas de los ciudadanos es también una forma de discriminación contra el derecho a ser atendido prontamente y a que su problema sea solucionado por las autoridades.  
• En base a los testimonios y experiencias, se debe analizar    cuidadosamente las formas de discriminación y racismo para que la ley abarque a todas las formas.
• El no socializar la información, restringirla por determinados intereses y convertir la capitación o las oportunidades de ascenso y empleo en un privilegio es discriminación.
• Negar atención a diversas culturas o a que sus prácticas y conocimientos sean relegadas es discriminación, como ocurre, por ejemplo, con los médicos naturistas, los kallawayas, los cuales afirman sentirse relegados y marginados.  

   La mesa plantea las siguientes recomendaciones: 

1. Promover la discusión en barrios sobre el tema del racismo para recoger las demandas de la gente con el espíritu de fortalecer la propuesta de Ley contra el Racismo. La mesa considera que no se ha llegado a compartir todo el contenido de las propuestas. Por lo tanto, hay que promover la reflexión pública sobre el proyecto.
2. No basta la técnica jurídica para luchar contra el racismo, puesto que en el país hay medidas, políticas, estructuras discriminatorias que deben ser cambiadas. Las Leyes no son suficientes, hay que trabajar en acciones y políticas públicas,
3. tema jurídico, hay que exigir medidas y políticas públicas. Por ejemplo, los migrantes en el exterior son discriminados y hay que protegerlos, o migrantes collas en otras ciudades.
4. Hay que trabajar por un consenso desde la sociedad civil de la Ley.
5. Un tema que hay que trabajar es la discriminación hacia los k’aras y la clase media que no se la atiende ni se toma en cuenta.
6. Lo anterior nos lleva a la necesidad de poner en marcha acciones para re-educarnos como sociedad en el tema del racismo y el respeto a las diferencias.
7. Se recomienda la capacitación a funcionarios públicos en ejercicio sobre los temas de DD.HH, tolerancia, respeto a las diferencias y Relaciones Humanas.
8. El Estado debe crear alianzas estratégicas con la sociedad civil para trabajar el tema de la discriminación y racismo.
9. Tanto Sociedad Civil como estado deben llevar a cabo lobby para hacer un seguimiento a las iniciativas en contra de la discriminación y racismo que deben ser definidas por el Estado.
10.  La falta de aplicabilidad de las leyes genera frustración por lo que antes y después de la ley se debe trabajar para el cumplimiento desde el Estado y la Sociedad de las disposiciones que se aprueben.

Mesa 4. De la educación, a la información, a la desinformación y a la incitación, bajo la moderación de Martín Torrico, Universidad Cordillera.  

1.      La prevención es un tema importante, mucho más que la sanción, por lo que se deben adoptar políticas para trabajar en temas preventivos en las escuelas, en los medios de comunicación, dentro de la familia.  2.      La prevención debe estar presente en las escuelas, lo cual demanda un cambio en la currícula que es necesario adoptar.Los medios de comunicación cumplen un servicio y deberían trabajar por la prevención del racismo y discriminación apoyando esta labor, por lo que el Estado debe buscar los mecanismos para que eso sea posible. Pensamos, por ejemplo, en programas en idiomas originarios, con contenido a favor de la erradicación de estereotipos discriminatorios y racistas. Estos cambios pueden darse concertando con medios, por un lado, y adoptando normativas que las tienen otros países.  .3.      Los medios de comunicación no han dado importancia, hasta ahora, a los saberes y conocimientos, estos permanecen al margen del contenido de difusión.   4.      En vista de que los medios de comunicación tienen una influencia clave en los estereotipos de racismo y discriminación en todos los niveles   se debe analizar regulaciones contra difusión, alegatos o apologías en favor de ideas, políticas y prácticas racistas.  .5.      La escuela y la familia reproducen las ideas de discriminación y racismo. No es exagerado afirmar que la educación tiene una razón colonizante, por lo que se debería trabajar con los profesores sobre el tema.  Ø       

Conclusiones del Taller,  Amanda Dávila, del Comité Coordinador de la Red contra el Racismo, la Discriminación y la Impunidad. 

• Una de las conclusiones importantes a las que se puede llegar tomando en cuenta las exposiciones y las mesas de trabajos es que, en primer lugar, hay conciencia acerca de que el racismo es un problema estructural en Bolivia que data de la Colonia con el choque de las culturas, cuando una de ellas se siente superior y con más derechos a otra. Esta idea se ha mantenido y se agudiza cuando los considerados inferiores intentan un cambio, como lo hemos visto en los sucesos dolorosos de Sucre y Pando.   

• Este Taller señala que el Estado tiene una deuda con la sociedad   para cumplir con lo que se ha comprometido en los convenios y convenciones que intentan erradicar el racismo y la discriminación, y se destaca la disposición de las autoridades para abordar estos problemas y colocarlos en la agenda institucional y pública.

• Hay una coincidencia en que hace falta sancionar penalmente las formas de racismo y discriminación pero también lucidez para comprender que éste no es un tema sólo jurídico que se restringe al “vigilar y castigar” sino que son igual de importantes políticas para crear conciencia, educar, prevenir y acabar con una forma inaceptable de ver al otro, internalizada en la sociedad boliviana.  Se recomienda, por tanto, trabajar con las escuelas, con los profesores, estudiantes, padres de familia, medios de comunicación, y un punto importante que han recomendado las mesas, es trabajar también con los funcionarios públicos.

• Los proyectos en el Parlamento son importantes y denotan la sensibilidad frente al problema de los proponentes, pero pueden ser enriquecidos desde la experiencia de los ciudadanos y ciudadanas y derivar en una propuesta de consenso que contenga los aportes más importantes y novedosos de cada uno.   Muestra este taller la importancia de que la sociedad participe en la reflexión, diseño y apropiación   de las políticas.  

• Las mesas de trabajo demandan más debate sobre racismo y discriminación porque consideran que hay que definirlos más claramente, desmenuzar su contenido conceptual y exponerlo a la luz de la experiencia diaria de los ciudadanos y ciudadanas.

• Se propone, así, una discusión desde abajo, desde los barrios y movimientos sociales y, paralelamente, la interpretación de sus recomendaciones y propuestas a formatos adecuadas a una ley contra el racismo y la discriminación, tarea que comenzará a ser desarrollada ya por una Mesa de Trabajo con participación del Viceministerio de Descolonización y las organizaciones, colectivos, instituciones y personas particulares que forman parte de una gran plataforma contra el racismo.

Clausura,  Roberto Choque, Viceministro de Descolonización 

El viceministro agradeció a los participantes por su presencia y el trabajo en las mesas y manifestó la voluntad política del gobierno para avanzar en la construcción de un Estado que, por primera vez, aborda el problema más agudo que tiene como es el de restituir los derechos y reconocer la ciudadanía a sectores de la población mayoritarios que históricamente fueron excluidos y discriminados por su origen étnico. El viceministro comprometió los esfuerzos de su despacho para enriquecer las propuestas de proyecto de ley abordando el tema central del racismo y la discriminación como lo han   más de 85 representantes de diversos sectores de la sociedad, movimientos sociales, instituciones y personas particulares que participaron en el taller.