Gobierno alista juicio contra magistrados
Pugna
• La Corte Suprema de Justicia remitió el caso terrorismo a Santa Cruz
• El Gobierno dijo que los jueces cruceños no son imparciales
Correo del Sur y Agencias
El Gobierno reiteró ayer el inicio de un juicio por prevaricato contra los siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que determinaron remitir el caso de supuesto terrorismo a la Corte Superior de Santa Cruz, y expresó sus dudas sobre la imparcialidad y honestidad de los jueces cruceños. Además de estas amenazas, para invalidar esa resolución y hacer que el caso retorne a la Fiscalía de La Paz, el Gobierno movilizó ayer a sus ministros para iniciar diferentes acciones.
“El Estado no puede confiar a una justicia (la de Santa Cruz) que ha mostrado irregularidades y que actúa a favor de la impunidad, uno de los casos más importantes que pusieron en peligro la unidad nacional”, manifestó ayer el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, al anunciar que el Gobierno tomará los recaudos necesarios ante la comisión del delito de prevaricato por parte de algunos miembros de la Suprema.
Ante esas amenazas y aseveraciones, la Corte Suprema de Justicia exigió ayer al Gobierno respeto a sus resoluciones. "Si no se van a respetar las competencias estamos poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país", advirtió la decana en ejercicio de la presidencia Beatriz Sandoval, expresando su molestia por la presión mediática iniciada por el Gobierno en este caso.
La presidenta interina criticó que el viceministro Chávez haya venido a la Corte Suprema de Justicia para hacer un "show" con la prensa y poniendo en riesgo la democracia al no respetar los poderes del Estado.
"Tienen derecho a decir que no están de acuerdo con el fallo y tienen los mecanismos legales, pero lo que no tienen derecho es venir a atropellar a un poder del Estado", remarcó.
Mientras desde Santa Cruz, los vocales de la Corte Superior de Justicia de ese distrito, anunciaron este miércoles, en Sala Plena, la consideración de la decisión de la Suprema que dejó en sus manos la resolución del conflicto de competencias que se suscitó por la radicación de las investigaciones del caso terrorismo, entre un juez de La Paz y otro de Santa Cruz.
El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas lamentó y calificó la reacción de las autoridades del Poder Ejecutivo como un “berrinche”; recordó que desde un principio ellos defendieron que el caso se trate por la justicia de su departamento, ya que el hecho se produjo en esta región y no en La Paz.
“No vale la pena estar en la búsqueda de enfrentamiento a este berrinche que están haciendo porque se ha cumplido con la ley… es increíble que las cosas que suceden acá tengan que ser juzgadas y llevadas a la ciudad de La Paz, que se está convirtiendo en un campo de concentración a las ideas”, dijo Costas.
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