“¡Ahora sí empieza el cambio!”, dijo un vigilante comunario de la Asamblea Constituyente cuando se conoció el desenlace de la última sesión realizada en Oruro. Casi a una sola voz comenzaron los vítores, los jallallas y los aplausos.
La vigilia social
Hombres y mujeres del campo y la ciudad, de organizaciones vecinales, campesinas, indígenas, mineras, fabriles, mujeres y de otros sectores vigilaron, cual guardianes, la aprobación en detalle de la nueva Carta Magna que fue tratada en Oruro, desde el sábado 9, a partir de las seis de la tarde. Durante toda esa noche, sorteando el frío altiplánico, el hambre, el cansancio y los rumores de amenazas de agresiones, algo más de dos mil personas vieron llegar el alba y junto con él, la ansiada culminación de la parte más conflictiva, racista y violenta del proceso que inició Bolivia en los últimos tiempos.
En la interpretación de varios sectores sociales decir “¡Ahora sí empieza el cambio!” implica haber dado un paso histórico en la construcción de este país cuya conformación dejó al margen —por más de 500 años— a sus sectores mayoritarios y primeros habitantes de esta tierra llamada Bolivia, desde la fundación de la República.
Protagonistas en acción
“Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura y al reconocimiento y consolidación de sus instituciones y entidades territoriales, conforme a esta Constitución”.
Así reza el nuevo texto constitucional aprobado, asumiendo el derecho elemental a la existencia que fue negado a los pueblos indios durante siglos. Sin este consentimiento en la “ley de leyes” las organizaciones sociales no habrían aceptado ni respaldado la Asamblea Constituyente porque como se dijo en varios foros de discusión “antes de ser obreros, trabajadores, mineros, empleadas domésticas, somos indígenas”.
“Para nosotros… sabemos que este es un marco legal donde ahora el Estado nos reconoce por lo que hemos sido sus vigilantes desde que ha empezado la Asamblea Constituyente. Como hemos podido, nos hemos turnado en Sucre, asistiendo disciplinadamente con nuestras organizaciones y también en Oruro para que se cumpla nuestra demanda. Ahora, no quiere decir que se ha acabado. Seguiremos vigilantes como han sido también nuestros padres, nuestros bisabuelos en todo momento que ha necesitado este país”.
Seguramente estas palabras de un dirigente aymara expresan a muchas más que aún no fueron escuchadas. Esta primera reacción es aún eso, una primera reacción ante las puertas que ha abierto la Constituyente para esa población que le cuesta ganarse el pan, criar a los hijos e hijas; le cuesta tener salud, educación, jubilación y que ha creído en la posibilidad de cambiar el curso de sus vidas a partir de un principio básico: ser parte del Estado plurinacional comunitario, empezando por la ley, por ese papel que diga quiénes pertenecen al pueblo boliviano.
En lo que sigue la dirigencia social volverá a sus comunidades, a sus ampliados, a sus cabildos donde procesará con detenimiento y profundidad el alcance real de esta nueva norma ganada a sangre y fuego. Como dijo el dirigente, la vigilia no se acaba ni mucho menos, habrá que empezar a labrar el cambio en lo concreto, en lo cotidiano, incluso allí donde no llega la ley, pero sí la fuerza.