El Ministerio Público afirmó este jueves que pese a los recursos que Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores imputados puedan interponer para detener el juicio de responsabilidades es imposible la prescripción de esa acción penal y lamentó las declaraciones del ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

El fiscal asignado al caso, Milton Mendoza, descalificó las aseveraciones vertidas por el ex titular de Defensa, quien se autocalificó de exiliado político y víctima de una supuesta persecución política.

En tanto que el Fiscal General de la República, Mario Uribe, manifestó que el ex colaborador de Sánchez de Lozada tiene todo el derecho de asumir su defensa, pero aclaró que pese a los incidentes que pueda interponer es imposible la prescripción de la acción penal.

Uribe hizo esa afirmación en el entendido de que los delitos por los que se le acusa son de lesa humanidad y no prescriben por el tiempo.

"No hay posibilidad de ninguna prescripción de la acción penal porque ya se han interpuesto varios incidentes, mismos que ya han sido conforme a lo que determina la ley penal", manifestó Uribe, a tiempo de aclarar que sobre un mismo incidente (prescripción penal) no pueden presentar otros de igual alcance.

El Fiscal General enfatizó que tanto Sánchez de Lozada como sus colaboradores, tienen todo el derecho de de asumir su defensa, pero instó a que ya no se utilicen incidentes reiterativos, que hasta el momento fueron los mismos fundamentos legales que según su interpretación estuvieron orientados a dilatar de manera innecesaria el proceso.

Por su parte, el fiscal de recurso asignado al caso, Milton Mendoza, aseguró que los imputados por la masacre de octubre de 2003 tienen todas las garantías y facultades necesarias para poder defenderse.

Recordó que están acusados por hechos delictivos que no fueron inventados por los fiscales a cargo de la investigación, como lo dejó entrever Sánchez Berzaín en la entrevista con Fides.

"Esos delitos son reales y pueden probarse por todos los familiares de los centenares de heridos y decenas de muertos registrados en las sangrientas jornadas de octubre", indicó Mendoza.

Señaló que esas responsabilidades no solo van a seguir investigándose, sino que también serán sancionadas por el órgano llamado a ese fin, es decir por la Corte Suprema de Justicia.

"Se equivoca el señor Sánchez Versan al referirse al trabajo de la Corte y la Fiscalía como de unos subalternos o enviados del Gobierno y al calificarse como exiliado político, puesto que esa es la opinión de alguien que para nosotros es un prófugo de la justicia", dijo enfático.

De igual manera, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca (APDHCH), Cristian Sanabria, lamentó las declaraciones del ex Ministro de Defensa al sostener que el juicio que se sigue es de tipo político, puesto que pese a la crisis política que vivía el país en octubre de 2003 se haya dado el trabajo -según indicó- de negociar los cargos para magistrados de Tribunal Constitucional.

"Sus aseveraciones están fuera de la realidad, y lo dijo el propio Yerko Kukoc hace algunas semanas cuando prestó su declaración informativa e indicó que al margen de los conductos regulares de asesoramiento del Gobierno, Goni fue también asesorado por miembros de la Inteligencia norteamericana", indicó.

Sanabria se refirió al asesoramiento que el Gobierno de Sánchez de Lozada recibió de la embajada norteamericana para que se encargue de manejar sus asuntos jurídicos relacionados con los luctuosos hechos de octubre.

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