¿Es privado el ahorro de los trabajadores?

En un matutino de circulación nacional he leído con asombro las declaraciones del Ministro de Hacienda y las del Viceministro de Pensiones quienes sustentan un cambio en el Sistema de Pensiones de Bolivia con argumentos tales como que: Los trabajadores se jubilarán con sólo diez años de aportes; que a los 60 años una persona puede tener derecho a una pensión de 400 bolivianos; que se establecerá una “Pensión solidaria” para las personas que perciban sueldos bajos; que el Gobierno garantizará el Fondo de Capitalización Individual; que la Administradora Nacional de Pensiones a crearse invertirá en el sector financiero y en la actividad productiva del país, etcétera.

Resulta evidente que la propuesta de la COB no resiste un simple estudio matemático actuarial, pero resulta lamentable que la contrapropuesta del Gobierno tampoco responda a criterios técnicos que permitan asegurar una vejez digna para quienes en la actualidad hacen un importante esfuerzo ahorrando el 10 por ciento de sus salarios mensuales con destino a sus propias cuentas individuales.

Es importante señalar que el Fondo de Capitalización Individual (FCI) a la fecha asciende a casi 3.400 millones de dólares, 5,5 veces más de lo que representa la Cuenta del Milenio que aparentemente Bolivia acaba de perder y el 50 por ciento de las millonarias reservas del Estado Boliviano, nunca antes alcanzadas. Estamos hablando de mucho dinero privado.

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades de Gobierno, no se explica cómo se financiarán las pensiones de los trabajadores que se jubilarán con sólo 10 años de aportes, pues en el “Sistema de Reparto Simple” eran 15 años de aportes y está quebrado. Tampoco mencionan de dónde saldrán los 400 bolivianos para las personas que lleguen a los 60 años o para aquellas que tienen sueldos bajos. Estos cuestionamientos nos hacen pensar que es posible que estén pensando en financiarlas con las primas que paga cada trabajador para cubrir los seguros de invalidez y muerte o en su defecto, a través de los ahorros individuales.

De esta manera, el argumento del Gobierno de garantizar el Fondo de Capitalización Individual, al menos deja algunas dudas. Finalmente en cuanto a las inversiones, indican que la Administradora Nacional de Pensiones a ser creada, invertirá en el sector financiero y en la actividad productiva del país. Debemos recordar que el gobierno boliviano lo único que ha hecho es obligar a las AFPs a invertir el 70 por ciento del FCI en Bonos del Tesoro General de la Nación y no ha permitido que estos recursos se orienten en mayor proporción a actividades productivas y financieras.

En cuanto a las inversiones que realizaron las AFPs se pueden dividir en dos grandes grupos: En Bonos del Estado se ha invertido hasta la fecha 2.500 millones de dólares y en el Sector Privado 900 millones de dólares. Si se crean las condiciones apropiadas para que las AFPs puedan invertir en el sector productivo y en el financiero, sería una importante impulso para la economía del país, pues hablamos de 35 millones de dólares mensuales de recaudación ó 450 millones de dólares al año. El buen uso que se pueda dar a este dinero debe responder a evaluaciones de tipo financiera y no a premisas políticas del gobierno de turno.

Es bueno recordar a la opinión pública que las AFPs están respaldadas por la experiencia que tienen sus accionistas mayoritarios en el mundo financiero, administrando fondos significativamente más grandes que el FCI, a lo que se suma una garantía del 2 por ciento respecto al Fondo de Capitalización Individual, la misma que a la fecha asciende a 67,4 millones de dólares. En consecuencia, surgen algunas dudas como por ejemplo si las pensiones tendrán mantenimiento de valor, como tienen en el actual sistema administrado por las AFP y finalmente, quién fiscalizará las operaciones cuando la administración sea estatal, ¿El mismo Estado?.

Lamentablemente, la propuesta aparenta ser una confiscación bajo la modalidad de “seudo cuentas individuales”. Sabe Dios qué pasará a futuro con más de 1,1 millones de afiliados y más de 4,4 millones de beneficiarios que actualmente tiene el Seguro Social Obligatorio. Parecería que estamos jugando con el sustento futuro de nuestro capital humano, condenándolos como a los jubilados del Sistema de Reparto a hacer largas colas para recibir una miserable jubilación sujeta a descuentos inconsultos y que para nada refleja el esfuerzo que cada trabajador haya realizado durante su vida laboral.

Deberíamos preguntarnos qué sucedería si al gobierno se le ocurre administrar las unidades del trasporte público con el discurso de respetar la propiedad de cada unidad. Las cuentas individuales son eso, son privadas, tan privadas como la caja de ahorros, la casa, la cama, la bicicleta o el mismo zapato del trabajador, en consecuencia lo recomendable sería que el Estado constituya su propia AFP para que en las mismas condiciones compita con las AFPs existentes y se deje al afiliado la posibilidad de elegir.

Es indudable que el sistema es perfectible. Si el Gobierno desea hacer reformas como la incorporación de un pilar solidario que permita que accedan al sistema personas que no aportan, las mismas técnicamente deben ser sostenibles en el tiempo, pero no pueden ni deben ser a costa de quienes con mucho esfuerzo actualmente aportan al Seguro Social Obligatorio (SSO), más bien parecería ser una obligación del Estado, como lo que sucede hoy con el financiamiento de la Renta Dignidad, iniciativa que se puede constituirse en un primer paso.

Un aspecto a tomar en consideración es que el Sistema de Reparto contaba con 329 mil afiliados, y el SSO cuanta en la actualidad con 1,1 millón de afiliados. Es indudable que el incremento entre otras cosas, se debe a la confianza en el Sistema. Esperemos que una nueva modificación que ponga a la Administración en manos de Estado no ocasione una importante disminución del número de afiliados y el manejo de doble planillas como sucedía en el pasado.

Sin lugar a dudas el FCI, más los aportes futuros pueden parecer una fuente inagotable de dinero, pero en la realidad no es nada comparado con la necesidad de fondos futuros necesarios para hacer autosostenible al modelo que plantea el Gobierno, ojalá que en este momento histórico prime el razonamiento ante cualquier otro tipo de medida.